¿Cómo se disponen el tablero y las fichas gubernamentales de electromovilidad en Latinoamérica?
Expertos destacan la necesidad de una jerarquía en la acción estatal y el vínculo público-privado. ¿Cuál es el mejor esquema? Miguel Pelayo Serna, abogado experto en regulación económica y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford, dialoga con Portal Movilidad sobre un interrogante: ¿Qué sectores del Estado deben intervenir para el buen desarrollo de la electromovilidad?
En respuesta a ello, el letrado rompe el tablero y corre del centro al “quiénes” para pensar el “cómo”.
“Es necesario primeramente reflexionar sobre el rol del Estado. Se lo piensa como el que regula, permite o prohíbe cosas. En realidad tiene un rol de articulador”, sostiene Pelayo.
Y amplía: “El Estado hace y debe hacer muchas más cosas. Tiene un lugar de articulador, poniendo en comunicación a sectores que no se ven. Por ejemplo, el sector del transporte con la academia”.
En torno al lugar de las autoridades, concluye que no es sólo el de “poner leyes y regular” y que si bien cuentan con el monopolio para la ordenamiento normativo, no es lo único que puede hacer. En ese sentido, la interrelación ministerial es clave y, si bien hay muchos actores y sectores plausibles a incluir en un armado, para Pelayo lo importante es la jerarquía en ese esquema.
“¿Quién se hace cargo del problema? Es necesario definir una estructura de gobernanza. Esta es efectiva cuando hay un orden claro alrededor de quienes toman las decisiones macro, mezzo y las definiciones más granuladas”.
Luego, añade: “Mientras más granulada sea mejor porque habrá menos posibilidad de que se superpongan las responsabilidades”.
En relación a ello, distintas hojas de ruta nacionales asignan especificidad de actores en torno a la responsabilidad de cada acción. Tales son los casos de la Estrategia Nacional de Electromovilidad en Chile, el Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica de la República Dominicana y la Estrategia Nacional de Electromovilidad para Ecuador.
¿Cómo se define quién jerarquiza?
Miguel Pelayo considera que hay que buscar el ministerio, organismo o ente que tenga “más conocimiento del tema y competencia, recursos y capacidad de ordenar".
Chile es uno de los países referentes en Latinoamérica en materia de movilidad eléctrica por los significativos avances en ventas y transición hacia esta tecnología en el transporte público. En este caso, el Ministerio de Energía es el que dirige la intervención del sector público, junto Ambiente y Transporte.
“Eso no quiere decir que sean los más adecuados. En experiencias europeas, Holanda por ejemplo, se definió priorizar la articulación incluyendo a los gobiernos locales”, explica el experto.
Y añade: “Debe existir coordinación porque hay más que medio ambiente, energía y transporte. También están presentes temas sobre telecomunicaciones, laborales, educacionales que hay que atender”.
A su vez, Pelayo considera que debe haber una “validación político-institucional” del armado para evitar competencias de visiones e intervenciones entre las distintas carteras.
El otro “bastión” de la movilidad eléctrica en América Latina es Colombia. Allí, las principales dependencias gubernamentales que intervienen en el proceso de electrificación son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Transporte y la Unidad de Planeación Minero Energética.
Más al norte, en México la acción en torno a la electromovilidad cuenta con una presencia importante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Ello se explica a partir de la posición de la industria automotriz mexicana y el vínculo geopolítico que encuentra el país con su frontera norte: Estados Unidos.
A su vez, también tienen participación al Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Por otro lado, en el caso de República Dominicana, las principales acciones desde el sector público a la movilidad cero emisiones emanan de el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), así como (y así fue en el último caso), la Superintendencia de Electricidad, la cual regula lo relativo a la prestación de servicios de carga.
Otro caso disímil es el de Uruguay, donde la política referida a electromovilidad encuentra centralidad política en el Ministerio de Industria, Energía y Minas.
Argentina, por su parte, el Ministerio de Transporte es la punta de lanza de la política hacia la electromovilidad. Sin embargo no siempre fue así: previo a los cambios en la estructura del gabinete nacional, en el centro del radar se encontraba el Ministerio de Producción.
¿Y el sector privado?
El abogado ubica al sector privado en la parte más “granulada” de la toma de decisión, aunque asevera que “si no hay una alianza público privada no va a haber desarrollo de la movilidad eléctrica”.
“Es importante incorporar a los usuarios en las estrategias. En Holanda, por ejemplo, el gobierno tiene una plataforma online para hacer seguimiento de la demanda de infraestructura de carga por parte de los usuarios”, grafica Pelayo.
Luego, concluye: “Esa comunicación da señales a los hacedores de política pública y al sector privado para invertir”.
